En un intento por aclarar incidentes de disturbios en las calles de Cataluña en 2019, la policía española colaboró con empresas tecnológicas suizas, Wire y Proton, para identificar a un activista catalán que antes era anónimo. TechCrunch reveló esto tras acceder a documentos judiciales que explican el procedimiento.
A principios de este año, la Guardia Civil española hizo solicitudes legales a través de la policía suiza a Wire y Proton para obtener detalles de identificación de cuentas en estas plataformas. Wire entregó la dirección de correo electrónico usada para crear la cuenta, una dirección de Protonmail, mientras que Proton dio la dirección de correo electrónico de recuperación, asociada a una cuenta de iCloud. Hay que tener en cuenta que Protonmail es bien conocido por el envío de emails con encriptación de extremo a extremo.
La investigación, categorizada como «crimen organizado» y «terrorismo«, llevó a la policía española a pedir y recibir más datos de Apple, incluyendo un nombre completo, dos direcciones residenciales y una cuenta de Gmail. La entrega de esta información muestra la complicada relación de trabajo entre servicios encriptados y autoridades para manejar asuntos de seguridad.
Aunque estas empresas se centran en la seguridad y privacidad de los datos, tienen limitaciones al cumplir con las leyes y mandatos judiciales. Los metadatos, como direcciones de correo electrónico, no están protegidos con la misma encriptación que los contenidos de las comunicaciones, lo que permite que las autoridades los obtengan legalmente.
Hauke Gierow, portavoz de Wire, comentó que pueden proporcionar algunos datos ante una solicitud formal y adecuado de las autoridades suizas, pero no el contenido de las comunicaciones. De forma similar, Edward Shone de Proton mencionó que la plataforma apenas guarda información del usuario y que fue la información de Apple la que permitió identificar al sospechoso.
TechCrunch, en su investigación, probó diversas formas para confirmar los datos, incluyendo el contacto directo con las empresas y las autoridades policiales. No obstante, ni la Guardia Civil ni el tribunal del caso ofrecieron más detalles. Un portavoz de la Policía Federal Suiza también rehusó dar información sobre la investigación.
Este caso demuestra cómo la colaboración entre entidades legales y tecnológicas puede confluir en investigaciones policiales. Aunque la protección de la privacidad del usuario es fundamental para estas empresas, ciertas leyes actuales facilitan ciertos tipos de colaboración en algunas investigaciones.
Y, dejando a un lado las obligaciones tras una orden judicial así como teniendo en cuenta que se tratan de compañías que promueven lo importante de las privacidad en sus servicios y productos, piensas que actuaron correctamente estas empresas tecnológicas en proporcionar cierta información sobre el activista a las autoridades españolas?
Imagen destacada: Juan José Leiva – generada con IA